La Constitución, las finanzas públicas y el alcohol

¿Sabía usted que una de las seis causas por las que se suspenden los derechos de los ciudadanos mexicanos es "por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes"? Así lo establece el párrafo IV del artículo 38 de nuestra Constitución. ¿Cuáles son las demás causas? Pues, entre otras, por estar prófugo de la justicia y por sentencia ejecutoria, o sea, por estar en la cárcel. Esto quiere decir que para el constituyente eran tan repudiables un borracho o un flojo como un violador, un asesino o un defraudador. No conozco alguna ley que prevenga cuáles son los términos de la vagancia ni de la ebriedad consuetudinaria, pero sí muchos casos de potenciales ciudadanos de segunda. Personalmente, me compunge pensar no en mi caso, desde luego, sino que nuestro querido José Alfredo o Lucha Reyes hubieran podido perder sus derechos.

¿Por qué debería perder sus derechos un bebedor consuetudinario y no alguien que incumple injustificadamente con las cinco obligaciones que tenemos los ciudadanos, según establecen los artículos 36 y 38 de la Constitución, que son: inscribirse en el catastro de la municipalidad, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares, desempeñar cargos de elección popular y desempeñar los cargos de consejiles? Me parece que en el texto constitucional hay un planteamiento moralista, es decir, la imposición a todos de comportamientos que se consideran buenos y la erradicación de otros que se consideran malos de acuerdo con los criterios de un grupo que cree conocer la verdad.

¿Por qué, por ejemplo, no se le quita la ciudadanía —y también la nacionalidad— a los malos funcionarios de la administración pública y a quienes tuvieron puestos de representación popular y defraudaron a sus representados? ¿No sería esto más acorde con una moral republicana? El puritanismo no es un fenómeno de los moralismos cristianos en sus versiones católicas o calvinistas. Si el primer milagro de Cristo fue convertir el agua en vino, ¿de dónde nos viene la censura y la culpabilidad? No exclusivamente de la Iglesia católica. Tampoco las prohibiciones por cuestiones de algo llamado moral pública son exclusivas del panismo ni de la derecha, según dio muestra la perredista Dolores Padierna cuando clausuró establecimientos mercantiles con espectáculos de baile en tanga para "proteger a nuestros jóvenes". Derechas e izquierdas hace mucho que no se pueden definir por su posición en asuntos de moral pública. Por ejemplo, ¿despenalizar el consumo y tráfico de drogas es una posición de derecha o de izquierda? Basta mencionar que Milton Friedman, entre otros teóricos del neoliberalismo, desde hace años es partidario de la despenalización.

Una cara de la moneda del moralismo es el castigo al "vicioso", la otra, la prohibición del vicio por decreto y la persecución de los enviciadores. Esto pasa cuando se considera que el "vicioso" no es "malo" por su propia voluntad, sino que es víctima de la acción de un tercero malicioso que lo corrompe por ser ignorante y por la falta de protectores. Esto no es cosa del pasado. Recientemente, el gobierno del vecino país del sureste, llamado Los Caracoles, estableció en sus leyes la prohibición de beber ("consumir") y vender ("traficar") alcohol o, mejor dicho, licores, como el aguardiente.

En este caso, el moralismo de izquierda tiene sus orígenes ideológicos en el concepto de enajenación sustentado por el marxismo. Se supone que los capitalistas, sean los patrones de las haciendas o los dueños de los teibols, propician el alcoholismo para mantener estupidizada a la clase trabajadora, impidiéndole concientizarse, perpetuando su dominación y evitando cualquier brote revolucionario. Un caso paradigmático fue el de Tomás Garrido Canabal cuando era gobernador de Tabasco en época de Calles, quien junto con la destrucción de templos católicos impuso la prohibición de producir y vender licores, por considerar medios de enajenación tanto al culto religioso como al licor, como "opio del pueblo", expresado en términos marxistas.

El águila que cayó de la expropiación, el hijo del general Cárdenas, cuando fue gobernador de su estado, volvió al moralismo garridista para proteger, por medio de una ley seca de sábado a lunes, a los indígenas y demás pobres indefensos del vicio del alcohol. La consecuencia, de manera similar a la prohibición en Estados Unidos en la época de Los Intocables, fue la fabricación clandestina de alcohol de madera y un montón de ciegos e intoxicados.

La ley seca en los días de elecciones tiene su origen en ese moralismo, como si la apertura de vinaterías o cantinas fuera inversamente proporcional a la participación ciudadana en las urnas. Es muy poco probable que el 59 por ciento de los abstencionistas el pasado 6 de julio no hayan ido a votar por preferir embriagarse o por sufrir la resaca de la borrachera del día anterior. La ley seca es una de las maneras de tratarnos como a menores de edad o como irresponsables a los que no hay que darles la oportunidad de que se porten mal.

En nuestro país, con doble herencia moralista —católica y revolucionaria—, beber alcohol y venderlo todavía es considerado por muchas personas como algo repudiable, inmoral, escandaloso, causa de vicio y corrupción de las personas, así como de los males sociales, de la disolución familiar, de la pérdida de los valores, de la pobreza, etcétera. Por eso, la expresión "portarse mal" está relacionada con el consumo de bebidas embriagantes, asistir a fiestas, espectáculos nudistas o tener relaciones sexuales. ¿Por qué pasó esto en el México revolucionario anticlerical y no en la España franquista y "mocha"?

En España una barra es un negocio familiar al que se acude a almorzar, a tomar unas copas, a departir con la familia o con los amigos y del cual nadie se escandaliza. En otros países, el pub es el centro social del barrio, donde se pasan las tardes y parte de la noche conversando y bromeando, en lugar de someterse a otros vicios solipsistas como la televisión o los videojuegos. En cambio, en nuestro país las cantinas fueron concebidas por la autoridad como un lugar al que se acude exclusivamente para beber, como un lugar de vicio y perdición, como parte de la zona roja o de tolerancia. Hasta hace más o menos quince años era excepcional que entraran mujeres a alguna cantina, con el riesgo de que pudieran ser consideradas o tratadas como prostitutas. Se diferenció a cantinas y bares de otros establecimientos para cobrar más caras las licencias, para que paguen más impuestos y para abrir la puerta a la corrupción. La culpa se paga con dinero. Algo similar pasa con las vinaterías, ¿por qué su licencia tiene que ser más cara que la de una tlapalería, en la cual se venden solventes y demás tóxicos, droga común entre los niños en la llamada "situación de calle"?

Uno de los argumentos no moralistas a favor del prohibicionismo se refiere a las finanzas públicas. Si un ciudadano tiene un comportamiento del que se espera que cauce daño a su salud, llegará un momento en el que cause un gasto si está adscrito al sistema de seguridad social del Estado. La atención a un enfisema pulmonar o a una cirrosis requiere un largo y costoso tratamiento que en muchos casos no evita la muerte por esta causa. Así, todos los contribuyentes, adictos o no, están pagando por aquellos que sabiendo que podían enfermar por su consumo de tóxicos, siguieron haciéndolo. El argumento hace evidente algo injusto: que los no viciosos pagan por los que sí lo son.

Si seguimos buscando injusticias vamos a encontrar muchas: la obesidad es en sí misma una enfermedad y causa de otras, de modo que es injusto que alguien que coma garnachas en exceso reciba servicios de salud pagados con los impuestos de los contribuyentes vegetarianos. Las víctimas del maltrato intrafamiliar que van a parar a centros hospitalarios son atendidas con recursos de padres y madres de familia que jamás le han puesto encima la mano a sus hijos ni entre ellos. ¿Qué culpa tienen de que no todas las familias resuelvan sus conflictos por medio del diálogo, como para tener que pagar por sus brutalidades? La principal causa de contaminación del aire en la ciudad de México y las enfermedades de las vías respiratorias es la emisión de gases de los vehículos automotores, y el plomo de las gasolinas de nuestro (¿?) Pemex es democráticamente para todos los que respiramos. ¿Cuánto aportan Pemex, las automotrices y los propietarios de vehículos para curar o evitar el daño a la salud de los que no tienen coche?

Existe una especie de doble moral en este asunto. Por un lado, se condena el consumo del alcohol, por otro, es un asunto clave para las finanzas públicas del país. Se repudia como vicio, pero no podemos vivir sin él. Este año se espera recaudar, en números redondos, un total de 790 mil 042 millones de pesos por impuestos, de los cuales 3 mil 449 millones son de bebidas alcohólicas, 11 mil 591 millones por cervezas y bebidas refrescantes y 11 mil 243 millones por tabacos labrados. Suman una cantidad aproximada de 26 mil 282 millones. Tal como está publicado el dato en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, no se puede saber cuánto corresponde únicamente a refrescos (bebidas refrescantes) y cuánto a cervezas. Suponiendo que la mitad de esos 11 mil 591 millones fuera de cerveza, la recaudación por bebidas embriagantes y cigarros sería de 20 mil 487 millones. Proporcionalmente no es mucho respecto al total de los ingresos tributarios, pero es más que los 12 mil 708 millones de tenencia vehicular o los 5 mil 031 millones del impuesto de automóviles nuevos.

Ese dinero va al Presupuesto de Egresos de la Federación con el que se pagan, entre otros rubros, los salarios de los profesores, las jubilaciones, el sistema de limosnas (programas asistenciales tipo Oportunidades) y las amortizaciones e intereses de las deudas. Esto quiere decir que se tiene que vender y consumir a fuerzas una cantidad de alcohol y tabaco suficiente como para que las finanzas públicas se mantengan a flote, pues es casi suficiente como para pagar el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (22 mil 831 millones), es superior a los presupuestos del Poder Judicial (17 mil 731 millones), de la Secretaría de Desarrollo Social (18 mil 977 millones) o las Erogaciones para Atender a la Población Indígena (17 mil 478 millones). Y si sumáramos los impuestos que paga la publicidad de cervezas, licores y cigarros, así como los derechos e impuestos que pagan los establecimientos mercantiles autorizados para la venta de estas bebidas, creo que nada haría más daño a las finanzas públicas que una disminución del consumo de estos productos, con excepción de la caída de los precios internacionales del petróleo.