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La catedral de los derechos humanos
Los costos de la dignificación
¿Cuál crisis? Cae el precio del petróleo, recortan el gasto público,
aumentan los precios al consumidor, el desempleo está en un récord
histórico, fracasa Procampo, aumentan los millones de pobres en el
país y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
estrena sede: un edificio que compró en “7.7 millones de dólares
norteamericanos” a la compañía farmacéutica inglesa Smith, Kline and
French S.A. (Glaxo). Una ganga si se considera que el edificio está
clasificado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como
una joya arquitectónica y que se encuentra en la dignísima colonia
Florida, en la zona Coyoacán-San Ángel de la capital. Los argumentos
para justificar su compra, que data de 2007, según fuente de la
propia CDHDF, es que así se fortalece “su posición” como organismo
público autónomo y los usuarios de sus servicios contarán con
“instalaciones más dignas”.
Esta dignificación implica el pago de “remodelación de interiores e
infraestructura” por un monto total de “$76,578,032.70 USD
2’074,463.44” (sic) en la adjudicación directa “25/9” a
favor de la empresa “G. A. Y A. Construcciones, S.A. de C.V” (sic).
La verdad no me queda claro cómo interpretar estos datos o si hay un
error en las cifras, pero así lo publica la CDHDF en su portal de
internet como facsímil de un documento validado por su Dirección
General de Administración. De manera más clara se expresan otros
montos menores correspondientes al mismo proceso de dignificación de
instalaciones, que son 3.4 millones de pesos en “construcción de
cubos de elevadores y escaleras”, 563 mil 500 pesos por la
supervisión de la obra, 327 mil 474 por “inspección y asesoría”, 218
mil 500 para quien gestionó las licencias y los permisos, 207 mil
por la “señalización”, etcétera.
No obstante tanta dignificación de las instalaciones, no gozarán de
ella las personas que acudan a las unidades desconcentradas de la
CDHDF, es decir las oficinas en distintos puntos de la ciudad, en
las que se presta uno de cada cuatro servicios. En el caso de
quienes acudan a la nueva sede a solicitar orientación o presentar
una queja, sólo podrán disfrutar de algunos metros cuadrados de tan
dignos espacios, pues la mayor parte quedará ocupada por los
despachos del presidente, sus secretarios, asesores, administración
y demás burocracia que no tiene trato directo con los peticionarios.
De todos modos, sólo el 43.8 por ciento del total de los servicios
que proporciona en cuanto a quejas y orientación se realiza de
manera personal, porque la mayoría se realiza principalmente por vía
telefónica. ¿De qué les sirve a seis de cada diez personas que
llaman por teléfono a la CDHDF que tenga una nueva sede
“ambientalmente responsable e incluyente”, si el servicio que les
proporcionan es enterarlas de que no tiene competencia en sus
asuntos y la orientación es decirles que llamen a otro lado? Más
valdría un buen call center (el ombudstel) que una
nueva sede.
El ahorro es la base de la fortuna
Si el cambio de sede queda justificado por la dignificación espacial
a favor de los peticionarios, el costo de la compra queda moralmente
avalado como el resultado de un “ahorro” de los presupuestos de la
CDHDF que van de 2003 a 2008, con lo que se dejarán de pagar las
rentas de varios edificios. Sin embargo, el presupuesto autorizado
por la ALDF a la CDHDF para el año presente es de 263 millones,
superior al que gastó del anterior, que fue de 251 millones. De modo
que sigue incrementándose de manera constante el gasto del organismo
capitalino defensor de derechos que llega a más del doble del que
ejerció en 2002, cuando fue de 129.8 millones.
¿Dónde queda entonces el ahorro? No irá de vuelta al bolsillo del
contribuyente ni será reasignado por la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal para algún programa social. El
supuesto ahorro junto con toda la masa presupuestaria
consecutivamente creciente de la CDHDF viene destinándose a mantener
nuevas áreas dentro de la estructura de la institución, que se han
venido creado paulatinamente durante la gestión de su actual
presidente, maestro Emilio Álvarez Icaza Longoria, hasta llegar a
casi el doble de las que había cuando inició.
Sin contar a la Contraloría Interna, que es un área instituida en
prácticamente todos los organismos públicos, cabe preguntar si
realmente tiene caso o sentido para la defensa y promoción de los
derechos humanos tanto crecimiento, por las siguientes razones: la
lectura de los indicadores de gestión permite reconocer que hay
duplicidad y —valga la expresión— triplicidad de funciones; la
segunda y más importante, la CDHDF hace más o menos el mismo trabajo
año tras año para los ciudadanos que acuden a ella.
En el año 2003 calificó como presuntamente violatorias de derechos
humanos a 4,378 quejas de un total de 5,452 que registró. En 2008
calificó a 7,211 de un total de 7,814. El pico más alto en su
gráfica de quejas corresponde al año 2005 en que se registraron
9,347. El promedio de quejas anual que ha atendido en quince años
desde que se creó es de 7,850. ¿Qué pasa con esas quejas? Quedan
concluidas por cinco causas principales, equivalentes al 80 por
ciento: “solución” “durante su tramitación”, “falta de interés” del
peticionario “en la continuación”, por tratarse de hechos que en
realidad no fueron violatorios de derechos humanos (sorpresas te da
la vida), “orientación” al peticionario y “desistimiento” del
peticionario. Hay otras quejas que se concluyen de algunos otros
modos que no se mencionan en los informes anuales y, finalmente,
unas cuantas llegan a conciliación o recomendación. Año tras año
pasa lo mismo.
Obesidad en tiempos de austeridad
Para este rendimiento institucional el contribuyente tiene que
mantener actualmente a una estructura de 662 plazas con 188 puestos
de mando, trece de ellos clasificados como “personal de honorarios”.
De modo que, como en toda la administración pública, la mayor parte
del gasto se destina a servicios personales, que son los relativos
al pago de nómina. En este capítulo, el gasto de la CDHDF en 2003
fue de 119.9 millones y en 2008 llegó a 202.5, que incluye los
salarios brutos de los altos mandos, que van de 38 mil a 113 mil
pesos mensuales, más prestaciones como seguro de gastos médicos
mayores.
Además se pagan numerosas adjudicaciones directas y honorarios por
concepto de asesoría externa, que van de 20 mil a 50 mil pesos. La
pregunta que ronda, como dice Carmen Aristegui, es que si hasta
julio de 2006 había dos visitadurías en la CDHDF y actualmente hay
cuatro, por qué paga asesoría externa a una ex visitadora. A no ser
que cuatro visitadores y todo su personal y recursos no puedan hacer
lo que Pilar Noriega, infatigable defensora de los derechos de
eperristas y ezetaelenistas, sí. La misma pregunta ronda en que le
pague asesoría externa a la ex directora de Comunicación Social,
Irma Rosa Martínez, acaso porque el sucesor de ella no sea tan bueno
o tan capaz, pues ni siquiera ha obtenido su título de licenciatura.
O en el pago de asesoría para elaboración de manuales
organizacionales, si además de Dirección General de Administración
cuenta con toda una Dirección Ejecutiva de Investigación y
Desarrollo Institucional. Y sigue rondando esa pregunta en que tiene
Consejería de Asuntos Jurídicos y paga asesoría jurídica.
Síntomas de un malestar
Lo expuesto anteriormente podría llevarnos a preguntar por la tasa
de retorno de las comisiones de derechos humanos a la sociedad. Es
decir, cuánto nos cuestan y qué recibimos a cambio, qué obtenemos y
a qué costo. ¿Valen más o menos de lo que nos cuestan? En justicia,
la misma pregunta valdría para cualquier otro organismo público, si
tenemos una Secretaría de Educación que educa poco y mal,
Procuraduría de Justicia, y hay poca justicia, Secretaría de
Desarrollo Social y hay retrocesos en el desarrollo social. En suma,
por el propio Estado mexicano. Si su costo es acorde a los
resultados o cuánto nos queda a deber, si vale la pena que continúen
como hasta hoy, a qué costo o en qué deberían de cambiar y para qué.
Algunas voces cuestionan seriamente el trabajo de las comisiones en
comento. Por ejemplo, el profesor Nelson Vargas, en entrevista con
Carlos Loret de Mola, solicitó a “Derechos Humanos” no intervenir,
luego de identificar al secuestrador de su hija, “porque en muchas
ocasiones defienden a bestias”. De acuerdo con su experiencia,
considera que “los derechos humanos son para los humanos, no para
las bestias, hacen que los juicios no se lleven a cabo”, dijo con
referencia al audio de la negociación de un secuestro (Milenio,
29 de julio).
Por su parte, el director general de Derechos Humanos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jaime Antonio López
Portillo, señaló que los carteles del narcotráfico se valen de las
comisiones de derechos humanos, particularmente de la Nacional, para
desprestigiar la labor del Ejército mediante la presentación de
quejas por presuntas violaciones a sus derechos (Milenio, 23
de julio).
Otra manera de criticarlas es en cuanto a su capacidad técnica o
eficacia. Por ejemplo, los peritajes de la Real Policía Montada de
Canadá solicitados por la Procuraduría General de la República
respecto al asesinato del periodista estadounidense Brad Will en
Oaxaca, demuestran que las heridas de bala que causaron su muerte
sólo pudieron ser causadas por los activistas de la APPO y no por
elementos del gobierno local o afines, según se suponía con base en
los reportes de la CNDH (Milenio, 29 de julio).
El colmo son los juicios o calificaciones que respecto a su trabajo
hacen unos Ombudsman de otros. Por ejemplo, durante su gestión
Emilio Álvarez ha emprendido 44 viajes al extranjero hasta marzo de
este año, “para consolidar relaciones” de la CDHDF con organismos y
sistemas internacionales, pero ni siquiera las puede consolidar con
los del país, según nos deja ver
un desplegado titulado “Miente de nuevo Álvarez Icaza” firmado por
25 presidentes y procuradores de Derechos Humanos de los estados y
nacional,
en el que
señalaron que
la actitud del defeño hacia ellos es “violatoria de las garantías
individuales” y “sólo conduce al debilitamiento de los organismos de
derechos humanos en el país” (La Jornada, 9 de septiembre de
2003).
Y si dicen que defienden delincuentes, que obstaculizan la justicia,
que sirven para poco, ¿por qué ocupan un papel tan destacado en la
transición a la democracia y son, en conjunto, una de sus
instituciones emblemáticas?
Legitimidad, divino tesoro
El trabajo de la CDHDF como el de sus homólogas y el de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos se desempeña en dos niveles:
administrativo y político; el primero se dedica a la captación del
grueso de quejas, su trámite o procesamiento hasta concluirlas; el
segundo se desempeña en el ámbito de la opinión pública,
especialmente con la constante presencia de su titular en los medios
de comunicación para pronunciarse sobre uno u otro tema. Ambas están
determinadas por su diseño institucional, por el cual su
personalidad es autónoma, sus fines son legítimos, su autoridad es
de carácter moral y sus medios de persuasión son simbólicos.
En el plano administrativo, lo único que hacen singularmente las
comisiones de derechos humanos es conocer de violaciones a los
derechos humanos cometidas por las autoridades, y al respecto
promover conciliaciones o recomendar el cese de ellas y reparación
del daño. Todo lo demás que hacen, como actividades de educación,
campañas e investigación lo hacen numerosos organismos
gubernamentales y legislativos, además de las que realizan
organizaciones de la sociedad civil.
Por eso la tasa de retorno es mucho más alta para la clase política
que para el resto de la sociedad. El Ombudsman cumple con una
condición inherente al desarrollo político en el que toda democracia
que se precie de serlo debe tener instituciones confiables y
autónomas que aseguren el alto aprecio que a los derechos humanos se
les reconoce. Por otra, funciona como instancias de arbitraje en la
disputa por la legitimidad entre las élites, o como mecanismos para
la restitución o reparación de ella cuando hay una crisis política.
Veamos algunos ejemplos.
Durante su gestión como secretario de Seguridad Pública del DF,
Marcelo Ebrard recibió diez recomendaciones de la CDHDF (plano
administrativo) sin causarle el menor daño a su carrera política.
Sin embargo, tuvo que enfrentar una crisis, la de los linchamientos
de agentes federales, que acabó por costarle el cargo. Luego, como
jefe de Gobierno, urgió a la CDHDF para que le dirigiera una
recomendación con motivo del genocidio en la discoteca News Divine.
Bastó con aceptarla delante de los medios de comunicación (plano
político) y asumir así su responsabilidad ética, para que, como por
arte de magia, se restituyera su legitimidad y el tema haya quedó
fuera de la cobertura de la prensa y de la opinión pública. Ebrard,
entrevistado por Ricardo Rocha para su programa Reporte 13,
transmitido el 16 de julio de 2008, declaró respecto a la CDHDF: “Me
parece muy importante que esta institución juegue un papel así
cuando hay una crisis”. Sin el Ombudsman capitalino habría tenido
que cargar con estas víctimas como Gustavo Díaz Ordaz con las de
Tlatelolco.
De manera análoga, en un conflicto en el que se dirime la
responsabilidad por los niños muertos o asesinados imprudencialmente
en la guardería de Hermosillo, tanto el gobernador del estado de
Sonora, Eduardo Burns, como el director del Instituto Mexicano de
Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, aseguran haber atendido
cabalmente las recomendaciones que les ha dirigido la CNDH o estar
prestos a hacerlo. Y así cada cual aleja de sus posibles escenarios
en tiempos de crisis, el de la renuncia, abrevando en el Ombudsman
de un poquito de lo que menos gozan, que es legitimidad.
Por eso es importante tener edificios bonitos y en buenas colonias,
que den cuenta de los recursos simbólicos de los Ombudsman como
autoridades morales. No hay obispo sin catedral y no debe haber
Ombudsman sin una defensoría con las instalaciones más dignas por
haber.
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