El corporativismo estudiantil y la ley de cultura 

Mientras en el Partido Revolucionario Institucional han hecho carrera dirigentes de grupos porriles universitarios, es decir, grupos de choque auspiciados o tolerados por directores o rectores, en el Partido de la Revolución Democrática varios de sus militantes y dirigentes provienen de los movimientos estudiantiles huelguistas opositores a las autoridades universitarias. Por ejemplo, los diputados federales Pablo Gómez, Salvador Martínez della Rocca “El Pino” e Inti Muñoz Santini manifiestan en su semblanza curricular haber sido líderes estudiantiles. Un fenómeno del que cabe exponer algunas ideas para explicarlo. 

Mientras en el PRI sus principales sectores corporativos —obrero, campesino y popular— han sido explícitos en su estructura nominal, su engendro el PRD tiene sectores de manera anónima (sin nombrar) aunque no por ello invisibles. Allí está el caso del sector estudiantil, del que proviene el presidente de este instituto político en el Distrito Federal, Martí Batres, y su predecesor Carlos Imaz.  

El sector estudiantil, concentrado principalmente en los campi de la Universidad Nacional Autónoma de México, aporta a ese partido cuadros de activistas, más que de ideólogos. Un partido que se asume como representante de causas populares antes que de ciudadanos requiere de la movilización continua de multitudes tanto para presionar a sus opositores como para mantener elevada la moral y la cohesión de sus militantes. Son estudiantes quienes frecuentemente están más dispuestos a confrontar a los cuerpos policiacos, a cerrar calles, a realizar pintas, a botear, a hacer y repartir propaganda o a movilizarse de un punto a otro de la ciudad o el país con presteza, aunque la huelga estudiantil es su microrrevolución triunfal, como un mito soreliano. 

La más reciente huelga llevada a cabo en nuestra máxima casa de estudios, encabezada por Alejandro Echavarría, alias El Mosh, al frente de ultras y megaultras, aportó desde 2003 a sus primeros líderes a la Cámara de Diputados y a la Asamblea del Distrito Federal, como Nancy Cárdenas, entre otros que se presentan como “presos políticos”. Es como si el PRD necesitara nutrirse de tiempo en tiempo de políticos de estas características: “Sangre nueva para tu motor”, como dice el anuncio de Bardahl.  

El origen de estos legisladores no los hace mejores o peores a los de otras extracciones —empresarios, líderes sindicales o académicos— en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades. Ése es el caso del diputado Muñoz Santini, chambeador como pocos y de los que realmente cree que está para servir a la sociedad, especialmente en lo que se refiere a los temas de legislación de la cultura y sus políticas públicas. Una rareza.  

Duro duelista epistolar capaz de hacer retractarse a Guillermo Sheridan en Letras Libres, Inti es aguerrido impulsor de la corrección política y el discurso con enfoque de género. A lo largo de la fenecida legislatura promovió tres temas principales: una ley en materia de cultura, el incremento del gasto público federal al subsector cultura hasta alcanzar el equivalente al “uno por ciento del producto interno bruto” y la oposición a la edificación de la Biblioteca “José Vasconcelos”. Buenas ideas, quizá. Pero con ellas pasó lo mismo que con aquel Congreso Universitario que resultó de la huelga estudiantil de 1987 en la que este líder participó: casi nada. (No digo que sea su culpa). 

Ni Inti Muñoz ni compañero alguno de su partido presentaron una sola iniciativa para crear una ley de cultura. Se pasó toda la legislatura solicitando que el Ejecutivo presentase la suya, y cuando finalmente lo hizo se inconformó con su contenido. A su favor puede decirse que presentó una iniciativa de reforma constitucional para que se incluyese en el artículo cuarto el “derecho a la cultura”, que dicho correctamente se trata del derecho a la libertad cultural. 

En lo que respecta al presupuesto destinado al subsector cultura, lo que recomiendan las agencias de la Organización de las Naciones Unidas que así lo han hecho, se refiere al total del gasto público, no exclusivamente al federal, como se ha empeñado Inti al hacer de un indicador un fetiche ideológico. Es decir se debe contabilizar el gasto federal junto con el de los estados y los municipios. ¿De qué se trata? ¿De descentralizar los servicios de las instituciones públicas culturales —bibliotecarios, por ejemplo— mientras se concentra el presupuesto en la administración central del gobierno federal? Es una contradicción. En los países con alto consumo cultural de lectura y bellas artes son los gobiernos de las provincias los que aportan la mayor parte del financiamiento. 

Por otra parte, puede parecer extraño que un promotor de la educación pública y la lectura se oponga a que se edifique una biblioteca como las que hay en las ciudades más importantes del mundo, la “José Vasconcelos” en este caso, bajo el argumento de que en lugar de una “megabiblioteca” se hubiesen podido construir mil bibliotecas por todo el país. Sin embargo, visto como un alegato propio de un militante de un partido de oposición para descalificar a la autoridad ante la opinión pública resulta peculiarmente interesante. Es como oponerse a la construcción del no menos faraónico distribuidor vial del Distrito Federal porque en vez de él pudieron haberse construido mil callejones en colonias populares y en la rural Milpa Alta.  

Sin ánimo de comparación, pero sí de remembranza, está la anécdota de un cegehachero megaultra, que ante la oposición de una investigadora a que los huelguistas se apoderaran de la Torre II de Humanidades en Ciudad Universitaria éste justificó su acción con el siguiente argumento: “ustedes hacen libros para ricos” (La Jornada, 19 de octubre de 1999). Así, podría recriminársele al presidente Fox: “usted hace bibliotecas para ricos”.  

Sin mayor propiedad que un automóvil Honda modelo 98, según su declaración patrimonial, y en la orfandad política a causa de la ahumada que se dio la líder de las grades acciones, el casi siempre crítico diputado Inti Muñoz se alineó al comisario sesentayochista para aprobar la llamada Ley Televisa. Acaso no un acto irracional ante la evidencia del “proyecto alternativo de nación” en materia de cultura: hacer del Zócalo de México un escaparate de las estrellas de esa televisora como Belinda y RBD. “Los grupos más chidos gratis”, según decía un mozalbete a punto del éxtasis en el anuncio televisivo del Gobierno del Distrito Federal. Inti, buen diputado. Votaría por su reelección. Aunque prefiero en el Zócalo a Belinda —sin Modderato, por supuesto— que a la Maldita Vecindad.