El federalismo de la educación como eje articulador de la participación social y de la unidad nacional

I. FEDERALISMO, CLAVE DEL DESARROLLO SOCIAL

El Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 sienta las bases para que el federalismo sea el eje para la ejecución de la política social para este periodo. Ésta parte de la premisa de que "la centralización excesiva de las decisiones y funciones gubernamentales actúan en detrimento del bienestar general de la sociedad". Es por ello que la presente administración ha tenido como uno de sus objetivos, en la construcción de su política de desarrollo social, el avance en la "consolidación de una nueva institucionalidad que establezca claramente la concurrencia de los gobiernos municipal, estatal y federal" y que incorpore la participación de la sociedad civil al propósito de realizar acciones para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Esta política social que procura el combate a la pobreza en todos sus aspectos, materiales y humanísticos, tiene como una de sus claves el desarrollo educativo. De allí que durante los últimos años, uno de cada cuatro pesos del gasto público se ha destinado a este rubro. Justo es reconocer este esfuerzo del Estado mexicano a lo largo del siglo XX, en el que los mexicanos hemos logrado reducir el analfabetismo, elevar el promedio de escolaridad, promover la educación primaria y secundaria —ensanchando su matrícula—, impulsar la educación superior pública en todo el territorio, así como la capacitación para el trabajo y la difusión de la cultura.

Sin embargo, el mismo Plan Nacional de Desarrollo diagnostica una serie de rezagos en materia educativa que deben ser atacados fortaleciendo "las atribuciones y responsabilidades que corresponden a cada uno de los tres órdenes de gobierno y la promoción de una activa participación de las comunidades en las tareas educativas".

II. FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN: UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El tema del federalismo, dada nuestra historia, es inseparable del tema de la descentralización, reconociendo la necesidad imperante de que la federación, los estados y los municipios unan esfuerzos para que de verdad se impulse un sano proceso de descentralización.

Pero se trata no sólo de una obligación de la federación en favor de los estados y municipios; se trata también del cumplimiento de los estados y municipios en su compromiso para tomar la iniciativa de convertirse en entes que planean sus acciones basándose en sus necesidades particulares. Se trata, entonces, de una corresponsabilidad entre los distintos niveles. Dicho en otros términos, si no queremos que se impongan desde el centro los criterios y las directrices de nuestra educación, debemos darnos la tarea de establecer nuestras metas concretas y medibles, así como los medios para alcanzarlas. Nos corresponde también la profesionalización y cualificación de nuestro personal docente y administrativo, así como el fortalecimiento de los espacios de participación social, en una estrategia coordinada a largo plazo. Estaremos así en condición de recibir las transferencias de las acciones ejecutoras que nos permitan mantener la rectoría y conducción de las políticas de descentralización.

III. FEDERALISMO EDUCATIVO: UNA EXIGENCIA DE LA REALIDAD NACIONAL PRESENTE Y FUTURA

En la presentación del Programa de Desarrollo Educativo 1995 - 2000, se señala con toda claridad que "el espíritu del federalismo educativo es un elemento clave de la organización del sistema educativo sobre el que hay que insistir para dar nuevos pasos". Esto se debe a que la política de federalismo educativo parte del reconocimiento de que la lógica del control administrativo centralizado que caracterizó al quehacer educativo durante la época de gran expansión de la matrícula escolar, resulta actualmente en muchos aspectos inoperante. Es por ello que se promueve el establecimiento de puentes comunicativos y de colaboración entre la operación de los planteles educativos y las diferentes instancias de toma de decisiones.

En este sentido, es oportuno reconocer, como dice el mencionado Programa, que "es necesario avanzar en una participación más activa y comprometida de los municipios para la atención de las necesidades escolares. La nueva organización del presupuesto federal, que les otorga un incremento sustancial en sus fuentes de financiamiento, les obliga también a intensificar su apoyo financiero a las escuelas. Buscaremos las fórmulas apropiadas con cada gobierno estatal para que, con la concurrencia de los municipios, aumente el gasto local en beneficio de la educación. Nuestro propósito es que, al sumar los fondos que federación, estados y municipios aportan a la infraestructura educativa este año se cuente con más recursos reales que en 1998".

La Ley General de Educación, así como el Programa de Desarrollo Educativo, señalan tres desafíos principales: la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. Para lograr tales metas, destaca la exigencia al "reforzamiento de las funciones y capacidades de planeación en las entidades federativas y el desarrollo de sistemas de información acordes con la realidad". Por ello es acertado señalar que "la calidad en la educación será mayor en la medida en que siga consolidándose la federalización educativa".

Pero hay que reconocer que si bien, en los últimos años se han emprendido importantes esfuerzos para extender la cobertura y mejorar la calidad de la educación en todo el territorio nacional, no todos los estados de la federación ni las diversas regiones en cada entidad, acusan el mismo grado de desarrollo educativo ni sus instituciones muestran el mismo nivel de consolidación y eficacia. Por ello insistimos en el imperativo de acrecentar y consolidar la calidad de la educación en todos los niveles y regiones, como meta prioritaria.

IV. LA EDUCACIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO

El federalismo educativo tiene su razón de ser en su finalidad de servicio público a la nación, porque la educación se encuentra encaminada a satisfacer las necesidades de todo un pueblo. Podemos afirmar así que la educación es un servicio público susceptible de ser descentralizado por colaboración, entendiendo esta descentralización en su justa dimensión, como se ha manifestado en los paradigmas enunciados, cuando se señala que la federalización permite que las decisiones de la autoridad se tomen en consonancia con las necesidades y posibilidades de cada lugar, gracias a lo cual "los maestros en las aulas se sientan más identificados con esas decisiones".

De allí que "para seguir consolidando la federalización educativa" requerimos fortalecer "aun más las atribuciones de planeación de las autoridades locales; pero esto, claro está, sin menoscabo de las directrices y de la normatividad nacional que manda tanto la Constitución de la República como de la Ley General de Educación. Esto tenemos que hacerlo para que los planes de estudio impulsen mejor el potencial de cada estado y de cada región".

V. RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO: HACIA LA PARTICIPACIÓN Y LA EQUIDAD

El federalismo educativo tiene su normatividad en la Ley General de Educación. Allí se sientan las bases y reglas para la corresponsabilidad de los órdenes de gobierno dentro de la preservación de la unidad fundamental de la educación nacional. Crea y reconoce los espacios para las iniciativas locales y para la adaptación de la educación a características y necesidades propias de cada región.

El Programa de Desarrollo Educativo 1995 - 2000 orienta al federalismo educativo a que se establezcan planes compensatorios que faciliten a las zonas más pobres del país los recursos que permitan realizar el proceso de enseñanza - aprendizaje, sin que tengan que renunciar a planes educativos acordes con su realidad particular.

No obstante que hay ya avances en la federalización educativa y que la ley faculta a los gobiernos estatales y municipales, aun no se cuenta con una regionalización efectiva que permita establecer políticas y contenidos educativos que consideren la heterogeneidad social y regional, lo cual es contrario precisamente al espíritu mismo de esta legislación, pues federalismo, en este caso, significa precisamente el fortalecimiento de los proyectos y contenidos educativos de los municipios y de los estados.

VI. TAREAS PENDIENTES

Habiendo hecho las consideraciones anteriores, podemos afirmar que, hoy en día, contrario a lo que podía haberse previsto como resultado de la globalización y la interdependencia, el mundo parece evolucionar hacia la proliferación de las diferencias y las identidades. En el marco de una educación que se pretenda realmente igualitaria, la búsqueda del reconocimiento de esas diferencias requiere una atención que responda de manera eficaz a la diversidad.

Contamos con un instrumento que en ocasiones no hemos aquilatado lo suficiente para el impulso de nuestros valores y formas regionales. Me refiero a los Consejos de Participación Social, que se fundamentan en la Ley General de Educación y en el Programa de Desarrollo Educativo, con la finalidad de intensificar la práctica de la corresponsabilidad de los padres de familia y de las autoridades locales

Ahora que nos enfrentamos a los peligros del pensamiento único y la pérdida de nuestra identidad, la escuela puede ser factor de verdadera democracia, mediante el impulso del Consejo Municipal —que está integrado por las autoridades municipales, los padres de familia, los maestros distinguidos, la iniciativa privada, etc.— en los que podemos encontrar formas para reforzar nuestros centros de enseñanza básica. Por eso nuestra propuesta está en medir e impulsar que estos consejos sean cada día más reales. Y esta acción debe ser protegida y atendida desde el gobierno local. Contamos para ello con valioso instrumentos a raíz de la reforma al Artículo 115 constitucional.

Para que la federalización educativa incida efectivamente en nuestra realidad, es necesaria la promoción de canales de participación donde todos los involucrados en el proceso educativo puedan colaborar en el mejoramiento del sistema educativo, de manera responsable y comprometida, ya que para alcanzar una educación de calidad, como marca la Ley General de Educación y el Programa de Desarrollo Educativo, hay que fortalecer el trabajo escolar con la colaboración de los ayuntamientos en la elaboración de los proyectos educativos municipales que, conforme a la ley, son de su competencia.