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El desarrollo humano en México: entre España y Cabo Verde Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Informe sobre desarrollo humano, México 2002 México, PNUD, 2003.
El Distrito Federal tiene un índice de desarrollo humano (IDH) aproximado al de España; Nuevo León al de la República Checa; Coahuila al de Polonia, y Aguascalientes superior al de Argentina. En cambio, el IDH de Oaxaca es equivalente al de Cabo Verde y el de Chiapas al de El Salvador. Éstas son algunas de las comparaciones que establece el Informe sobre desarrollo humano, México 2002, presentado por la oficina en nuestro país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Año con año, desde 1990, este organismo internacional cita los datos relativos a nuestro país en los informes mundiales que elabora, pero ésta es la primera vez que realiza uno con los indicadores desagregados por cada entidad de la Federación, midiéndolos entre sí y con los de otros países a lo largo de cuatro capítulos, conclusiones y 19 apéndices estadísticos, en los cuales expone el concepto de desarrollo humano y plantea su medición en cada estado de la República. Con una metodología de comparación internacional describe el estado y la evolución de la desigualdad en las distintas dimensiones del desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX. El desarrollo humano se define en esta obra como “el proceso de ampliar las oportunidades de los individuos para tener una vida digna en materia de salud, conocimientos y recursos”. Al respecto, México encabeza la lista de países con un nivel de desarrollo humano medio. Sin embargo, en el interior del territorio nacional todavía existen profundas diferencias regionales. El IDH se ha convertido en un referente para el debate público sobre los avances y desafíos de cada país, porque es una herramienta que permite medir los avances de una sociedad. Este índice se construye tomando en cuenta tres dimensiones fundamentales: longevidad, conocimiento y acceso a los recursos, las cuales están compuestas por diferentes variables. La longevidad se mide de acuerdo con la esperanza de vida al nacer, el conocimiento por medio de las tasas de alfabetización y de matriculación, y el acceso a los recursos con base en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Cada una de esas dimensiones tiene la misma importancia. El IDH puede variar entre cero y uno. Si es igual a uno (1.0) significa que se ha alcanzado el máximo posible de las tres dimensiones. Con esta información se puede decir que una sociedad cuenta con un nivel de desarrollo humano alto si su IDH es mayor o igual a 0.8, y que tiene un nivel de desarrollo humano medio si oscila entre 0.5 y 0.7999. Los países con un IDH menor o igual a 0.4999 son los que tienen un nivel de desarrollo humano bajo. El IDH permite comparar a las entidades federativas de México con otros países debido a que el método de cálculo es el mismo para una región o una nación entera y permite conocer el estado de las capacidades básicas en promedio en determinada circunscripción geo-gráfica. Los datos con los que se construyó el IDH de nuestro país se tomaron de los indicadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y del Consejo Nacional de Población (Conapo) disponibles durante el 2002. El resultado central de las mediciones indica que en México persisten importantes desigualdades regionales. Si se toma en cuenta que el IDH nacional calculado a partir de datos del año 2000 es de 0.8014, se observa que mientras el Distrito Federal tiene un nivel de desarrollo 11.20 por ciento superior al índice nacional, el estado de Chiapas tiene un IDH 12.26 por ciento inferior a tal índice. Existen importantes diferencias de desarrollo entre las regiones del país. En la República Mexicana hay catorce entidades que se encuentran en un nivel de desarrollo humano alto; dieciocho en un nivel de desarrollo humano medio, y ninguna se ha registrado como de desarrollo humano bajo. Si se excluye al Distrito Federal, los cinco estados con mayor IDH corresponden a la región norte: Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Coahuila y Baja California Sur, mientras que los cuatro menos desarrollados se encuentran en el sur: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. La variable que se encuentra distribuida de forma más homogénea corresponde a la esperanza de vida: de 77.2 años en el Distrito Federal y de 72.4 en Chiapas. Las diferencias entre las entidades empiezan a ser notorias cuando se observan las variables educativas. Por una parte, la tasa de alfabetización alcanza un máximo del 96.97 por ciento en el Distrito Federal, superior en más de 20 puntos porcentuales a Chiapas, donde es del 76.96 por ciento. Una diferencia similar se encuentra en la tasa de matriculación, pues el Distrito Federal, con el 75.30 por ciento, supera por 14.81 puntos porcentuales a la alcanzada por Guanajuato, que es del 60.49 por ciento. El PIB per cápita es el indicador en el que se observan mayores diferencias. Mientras que en el Distrito Federal alcanza los 22,816 dólares, en Chiapas apenas se llega a los 3,549. Desglosando estos datos, puede inferirse que, en promedio, un habitante del Distrito Federal gana al mes cerca de 11, 650 pesos, en tanto que uno de Chiapas apenas 3,245, aproximadamente. La entidad con mayor producto por persona supera en 6.42 veces a la que menos genera. Esta desigualdad también puede apreciarse al considerar que en las cinco entidades federativas con mayor PIB per cápita, las cuales cuentan con el 17.5 por ciento de la población total, se concentra el 37.05 por ciento del PIB nacional. Por otra parte, en las cinco entidades con menor PIB per cápita se encuentra el 13.09 por ciento de la población, con un 6.07 por ciento del PIB nacional. Es importante señalar que el crecimiento en el ingreso no significa desarrollo por sí mismo. Para medir la desigualdad del desarrollo entre las personas fue creado el Índice Refinado de Desarrollo con Medias Generalizadas (IRDMG), el cual, en el caso de México, señala que la pérdida de desarrollo atribuible a la desigualdad puede llegar al 26 por ciento. Cabe destacar el caso de Oaxaca, donde la desigualdad implica que el IRDMG cae 37.8 por ciento con respecto al índice que no considera a la desigualdad. También sobresalen los estados de Chiapas, Guerrero y Zacatecas, con reducciones de su IRDMG superiores al 30 por ciento, lo cual manifiesta las graves condiciones de desigualdad prevalecientes. Llama la atención la desigualdad prevaleciente en los estados de Oaxaca y Chiapas por tratarse de entidades con diferencias étnicas, conflictos religiosos e inestabilidad política. Si se hace una pequeña modificación a la definición del IDH, debido a restricciones en la información y con la única finalidad de hacer comparaciones históricas, se puede observar lo siguiente: a) Entre 1950 y 2000, el IDH nacional aumentó poco más de 72 por ciento. Registró su mayor avance entre 1950 y 1980. b) En 1950 la entidad menos desarrollada era Guerrero, mientras que en 2000 fue Chiapas. c) Baja California fue el estado con mayor nivel de desarrollo en 1950, y en el 2000 el Distrito Federal. Si el Distrito Federal fuera clasificado como un país se encontraría en el lugar 23 en la lista mundial del IDH. d) En 1950, la entidad con mayor nivel de desarrollo tenía un IDH 2.03 veces mayor que el estado menos desarrollado. En 2000, esta relación se redujo 1.34 veces.
De 1950 a 2000 hubo un proceso de convergencia en el IDH entre los estados mexicanos. Los componentes que mantuvieron esta tendencia son los indicadores de salud y educación, mientras que la dimensión del ingreso revirtió su tendencia entre 1980 y 1990 para volverse divergente. El reto central, concluye el informe, consiste en la eliminación de las desigualdades regionales por medio de la promoción del crecimiento, de manera que las regiones del sur y el sureste exploten su potencial de desarrollo humano. Esto sugiere políticas de educación y de salud mejor focalizadas, así como más inversión en infraestructura que reduzca los costos de transporte para atraer inversión e incrementar el empleo en las regiones atrasadas. En la realización del informe participaron como coordinadores de la investigación y en la redacción Luis Felipe López Calva, del Instituto de Políticas Públicas y Estudio del Desarrollo de la Universidad de las Américas, de Puebla, y Rodolfo de la Torre García, del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, de la Ciudad de México. Como consultores externos colaboraron James E. Foster, de la Universidad de Vanderbilt; Gerardo Esquivel, de El Colegio de México; Samuel Freije, de la Universidad de las Américas, de Puebla, y Rolando Cordera, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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