Qué difícil resultaba ser optimista luego de que 1995 fue un año de economía de guerra, en el que la crisis más grave de nuestra historia vivió sus momentos más agudos, dejando una planta productiva gravemente resentida. Las obligaciones de pago al exterior nos mermaron aún más y el deterioro en la riqueza acompañó al desgaste social, en tanto que la delincuencia armada se incrementó.

Durante el primer semestre de este año se ha observado un lenta recuperación en los indicadores macroeconómicos, comparativamente favorables con los del año anterior, la cual no ha llegado aún a la inmensa mayoría de las familias y de las empresas. La realidad es que el sector social está recibiendo la mayor parte del peso de la crisis, debido al estancamiento de salarios y a la falta de circulante para reactivar el mercado interno.

La flotación del tipo de cambio, los recortes en el presupuesto del sector público, la reducción severa de crédito, los aumentos de precios y tarifas públicos y la elevación de impuestos provocaron la contracción más severa de los últimos 70 años en los niveles de producción, empleos y salarios. Los niveles de vida de los mexicanos se vieron de pronto drásticamente castigados. Tanto las empresas como los hogares se hallaron inmersos en procesos cada vez más acelerados de descapitalización de sus ya devaluados activos.

Cálculos dados a conocer por el Presidente de México, Ernesto Zedillo, basados en datos del Banco de México, indican que el costo de la crisis económica a partir de diciembre de 1994 ha sido de 70 mil millones de dólares, lo que equivale a un 20 o 25% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según este planteamiento, las pérdidas por la presente crisis podrían cubrir el gasto en educación durante cinco o seis años. La magnitud de dicha cifra equivale a casi 10 veces la captación que obtuvo Pemex el año pasado y a casi 12 veces el ingreso obtenido por turismo durante el mismo periodo. Visto de otro modo, con 70 mil millones de dólares se habría pagado el 70% de la deuda pública externa.

Estado mínimo

El ejercicio de la política económica del gobierno del Presidente Zedillo puede calificarse como muy consistente con el modelo de desarrollo que sustenta y altamente eficaz en el logro de su viabilidad política y sus objetivos. Las medidas de ajuste adoptadas hasta el momento y la dirección en que se han buscado corregir los desequilibrios financieros corresponden fielmente a lo que cualquier economista formado en el patrón del razonamiento de la teoría habitual recomendaría hacer. No se ha hecho nada que no se encuentre claramente estipulado en la teoría de la base del actual modelo de desarrollo.

Los autores de la política económica asumieron la responsabilidad de las consecuencias que provocaron con la línea elegida. Su forma de razonar la economía implicó un modelo que le fue ofrecido a la sociedad como el camino más corto y más eficaz para superar los males heredados del populismo, tales como el proteccionismo indiscriminado, la elevada intervención del Estado, los crecientes problemas de insolvencia frente a la deuda externa, la desaceleración del crecimiento y la elevada inflación, dirigiéndonos, en cambio, hacia una sociedad cada vez más gobernada por el mercado y menos por el Estado.

Un Estado excluyente

La aplicación a ultranza de la política económica vigente está llevándonos a la conformación de un Estado excluyente, en el cual ya no caben las grandes mayorías nacionales de trabajadores y campesinos, ni tampoco las minorías, antes dominantes de empresarios y comerciantes; pero aun los grandes sindicatos agrupados en la Confederación de Trabajadores de México (CTM) están siendo arrojados del sistema y abandonados a su propia suerte. La exclusión comprende también a importantes sectores dirigentes y bases del PRI que se sienten relegados por la cúpula del poder.

Intelectuales mexicanos, como Carlos Fuentes, han demandado también al régimen que vuelva los ojos hacia su pueblo y que no gobierne solamente para complacer a los financieros. A las condenas contra el "neoliberalismo" de "Marcos" se agregan declaraciones en el mismo sentido de sectores disímbolos como el clero, la masonería y los millones de afiliados a los distintos "barzones".

Definición del rumbo económico

Al participar en la VII Conferencia del Mercado de Valores, el Secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, sostuvo que la política económica que actualmente se instrumenta no es patrimonio de grupos o personas que quieren impulsar un crecimiento efímero. El funcionario afirmó:

La cuestión del debate

El 23 de junio el presidente Ernesto Zedillo manifestó: "lo que ha faltado en México durante varios años es debatir políticamente cuál es el camino económico para que nuestro país se desarrolle". Esta declaración parecía una apertura a un diálogo con quienes discrepan de la ruta económica definida por el gobierno. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, afirmó que el modelo económico adoptado por la actual administración es el adecuado y continuará vigente. Aclaró que el Ejecutivo nunca ha planteado un cambio, sino sólo un debate.

La evolución del nivel medio de vida de los mexicanos durante los últimos trece años, medido en términos del PIB por habitante, registró un decremento acumulado de 15.11% respecto a 1981; es decir, un deterioro anual medio de 1.26%. Si la economía creciera 3% como se ha calculado para este año y en 4% en promedio en los siguientes períodos, en no menos de 9 años más se recuperaría el nivel medio de vida semejante al de 1981.

México fue el país latinoamericano con una mayor caída del PIB per cápita, al registrarse una baja del 8.6% en 1995, de acuerdo con cifras de la CEPAL. En 1995 la inflación provocó una caída real en los salarios de 13.3%, nivel que representó el mayor descenso en los ingresos mínimos de los trabajadores de América Latina.

Los empresarios han sufrido también los costos de una política destinada a elevar las reservas del erario. La falta de financiamiento y la pesada carga tributaria contribuyeron a dejar al borde del caos a la micro, pequeña y mediana empresa, pasando así por alto que la participación de las empresas en la creación de empleos debe ser secundada y estimulada por el Estado, apoyándolas en momentos de crisis y, sobre todo, creando situaciones de seguridad y confianza; pero se ha procedido contrariamente, ya que en México 40% de los ingresos es para pagar impuestos, mientras que en Japón y Corea, por ejemplo, se destina del 13 al 14%.

Cierto que hay países en los que se paga mucho más por impuestos, pero se trata de economías con sistemas de seguridad social desarrollados tanto o más que el mercado, como es el caso de Suecia (dicho sea para ilustrar, más que como ejemplo a imitar). Quizá nuestro problema más grave en la política fiscal no es el monto de los impuestos, sino el manejo eficiente de ellos en favor de una justicia distributiva.

Caída del salario

El salario mínimo general en México registra en los últimos 15 años un retroceso de 67.7% en términos reales. Un análisis con datos del Banco de México, el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) y Macroasesoría Económica revela que un peso de salario mínimo de 1980 actualmente tiene un valor real de sólo 32.3 centavos.

A partir del 1º de abril los salarios mínimos aumentaron 10% con base en la Alianza para la Recuperación Económica y el Empleo (ARE), pero ha resultado casi insignificante, ya que tan sólo de enero a marzo de este año las percepciones mínimas reportaron una baja de 4.95% en términos reales.

Lo más grave es que las percepciones salariales en nuestro país son tan bajas que muchas veces no llegan ni al salario mínimo. Véase la siguiente tabla basada en cifras del INEGI:

Desempleo

Una de las consecuencias de la crisis económica, tal vez la peor, es la pérdida masiva de empleos. Ciertamente, uno de los más graves problemas en este momento. A tal gravedad ha llegado este problema que al inicio del año, el Congreso del Trabajo reconoció que había 15 millones de adultos sin empleo.

El paneconomicismo imperante nos ha hecho perder de vista la dimensión antropológica del empleo, el cual, en lugar de ser considerado como una forma de realización por la que el hombre se conduce hacia su perfeccionamiento, se ha reducido a una forma de subsistencia, en lugar de ser una forma de existencia. Ante la recesión económica, las empresas y el Estado reducen sus recursos, y el llamado "recurso humano" resulta el más prescindible, como un gasto que hay que evitar, perdiendo así toda noción de que es el hombre quien crea riqueza y no un obstáculo para el desarrollo. El hombre no es un recurso para producir bienes y servicios, sino que éstos son medios que le permiten desarrollar sus potencialidades.

El desempleo equivale a una pérdida del sentido de la vida, que ahora se convierte en depresión a nivel social, sea por el problema para hallar trabajo o por el temor a perderlo. Por eso, éticamente, la generación de empleos debe ser la prioridad en la política económica, más aún ante la gravedad de la recesión económica que estamos atravesando.

Con esta prioridad coinciden los Criterios Generales de Política Económica para 1996 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que plantean en sus objetivos principales:

1. Recuperación de la economía.

2. Promoción del empleo.

3. Consolidación de la estabilidad de los mercados financieros.

4. Abatimiento de la inflación.

A lo largo de dicho documento se manifiesta la preocupación de elevar los niveles de vida de la población y atender la pobreza extrema. Sin embargo, los medios para cumplir con esos objetivos son cuestionables desde un juicio basado en las ciencias económicas, políticas y morales, porque han demandado el sacrificio de la población más vulnerable y la depauperización de las clases medias, así como la quiebra masiva de empresas y la pérdida de millones de empleos; mientras que el gobierno no ha disminuido la excesiva burocracia, y sí aumentó el gasto en fuerzas armadas, como veremos con mayor detalle en el siguiente capítulo.

Aunque la generación de empleos se reconoció como prioritaria, Hacienda decidió que la estrategia se centrara en el fomento a las exportaciones. Guillermo Ortiz, titular de esta Secretaría, advirtió que el gobierno federal no ofrecerá ningún programa de apoyo para las empresas ni aprobará una reforma fiscal que ponga en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, a las cuales calificó como el aspecto fundamental del programa de recuperación.

De este modo, el Presidente Zedillo y sus colaboradores trasladaron los costos del ajuste en las cuentas de la nación con el exterior a los hogares mexicanos. La política económica puesta en práctica, profundamente recesiva, restituyó la capacidad de pagos del país hacia el exterior, pero implicó para la economía nacional la conversión de una crisis, financiera en sus inicios, en un fenómeno de corte estructural cuyos efectos se dejarán sentir durante años, haya o no modificaciones en la política económica.

El plan de ajuste contempla que la recuperación en el nivel "micro" se dé como resultado o consecuencia del éxito en la recuperación en el nivel "macro". En consecuencia, el "sector social" está recibiendo la mayor carga del peso de la crisis, debido al estancamiento de los salarios mínimos, así como por la falta de circulante para reactivar el mercado interno por la obsesión antiinflacionaria del gobierno.

La creación de empleos formales tuvo una evolución poco satisfactoria. Pues, aunque a lo largo del año el desempleo abierto ha disminuido —según manifiesta información del INEGI y del IMSS—, se encuentra casi al mismo nivel que a fines del año pasado, que era de 5.5% en el mes de diciembre.

Se requiere una política integral de desarrollo con una orientación y objetivos de desarrollo humano, en primer lugar. El problema no es sólo crear empleos, sino capacitar y elevar el nivel de escolaridad. El Estado, como empresario indirecto, está obligado a respetar el derecho al trabajo de todas las personas; por tanto, a actuar contra el desempleo, así como a prestar subsidio a favor de los desocupados. De modo que se brinde atención en primer lugar al problema fundamental de conseguir trabajo, definiendo un modelo que responda al principio de la prioridad del trabajo sobre el capital.

Aparecen funcionarios norteamericanos anunciándonos lo que va a ocurrir en el país o diciéndonos lo que debemos hacer. Dos ejemplos: el embajador James Jones fue quien primero anunció la profundidad de la crisis mexicana y la dureza de los programas de austeridad, luego de una visita a Los Pinos, es ahora quien urge al Gobierno para vender la petroquímica. Otro, William Perry, Secretario de Defensa, dio a conocer que se realizarán maniobras militares conjuntas con el ejército mexicano.

En materia económica, Lloyd Bentsen, ex Secretario del Tesoro de Estados Unidos e impulsor para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), a principios de enero se entrevistó en privado con el Presidente Ernesto Zedillo, con los secretarios de Hacienda, Guillermo Ortiz; de Comercio, Herminio Blanco; de Energía, Jesús Reyes Heroles, y además con el director del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo. Advirtió que México debe sostener "con disciplina", su actual política económica para alcanzar la recuperación, porque de otra manera no podrá salir adelante, incluso con el apoyo de la Unión Americana. Está convencido de que las políticas económicas del Presidente Zedillo "son creíbles". Recomendó también continuar con el proceso de privatización y apoyar al TLC para encontrar solución a los problemas.

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin, elogió la "valentía" del Presidente mexicano para afrontar la crisis económica. "Tenemos un gran respeto por los juicios que hizo el Presidente Zedillo", indicó en una rueda de prensa en Madrid, que si bien las medidas han tenido consecuencias espectaculares, todavía queda mucho camino por delante.

Por su parte, el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel Camdessus, en vísperas de la Reunión Anual de Primavera de este organismo conjuntamente con el Banco Mundial (BM), que se efectuó del 17 al 23 de abril en Washington, puso a México como buen ejemplo de las políticas económicas del mundo. Camdessus también elogió la valentía y el coraje de México (en realidad del Presidente) para superar la crisis y explicó que los mercados internacionales reconocen la efectividad de los esfuerzos económicos de Zedillo. Subrayó que la política de recuperación económica aplicada por el mandatario mexicano "ha sido muy exitosa" para enfrentar los problemas de la crisis financiera, pero advirtió que la capacidad de ahorro doméstico es aún muy débil. "Las políticas instauradas por el presidente Zedillo —dijo— están en la dirección correcta", por lo que recomendó al gobierno de México reforzar las políticas de ahorro interno, con el objetivo de ayudar a que los inversionistas extranjeros recuperen la confianza en la economía mexicana.

De acuerdo con esos criterios, la idea del FMI para prevenir futuras crisis es crear un "fondo de emergencia" para respaldar a algún país en desarrollo con problemas financieros y evitar una crisis económica de magnitud internacional. Es necesario —añadió— que los países en desarrollo proporcionen al FMI sus estado financieros para evitar en el futuro nuevas crisis.

El proceso de rescate del gobierno a los bancos es una muestra de la grave situación de la economía empresarial, que se enfrenta a la depresión del mercado interno, a la elevación del costo financiero, al encarecimiento en el precio de sus materia primas, a las presiones salariales, al retraso en la cobranza. Técnicamente, el problema más grave del sistema bancario tiene que ver con la cartera vencida

Como consecuencia de la crisis, los deudores enfrentaron un aumento importante en el servicio de su deuda y, además, en el caso de las empresas, una caída en la demanda de sus productos. La presión sobre los influjos de liquidez que esto ocasionó sobre los deudores se tradujo en un aumento en la cartera vencida, que afectó el balance de las instituciones bancarias. Así, la crisis puso en una situación difícil al sistema financiero, reflejando el problema de las familias y de las empresas endeudadas. El incumplimiento original terminó por agravar la situación de los mismos deudores. Este círculo vicioso se convirtió en un obstáculo para impulsar la recuperación.

Pero previamente, al privatizar los bancos, se cometieron errores: se concentraron en exprimir hasta el último peso de los potenciales compradores más que en asegurar que los nuevos grupos financieros tuvieran una capitalización adecuada y supieran cómo administrar. No establecieron un marco normativo adecuado hasta varios años después de la privatización del sector. Al intentar recuperar sus grandes inversiones, muchos banqueros abrieron el crédito al máximo y aumentaron significativamente su cartera de préstamos, aunque los salarios apenas subían. A esto hay que agregar que la crisis del 95 redujo flujos de capital provenientes del exterior; para la banca disminuyó la liquidez, la reducción de márgenes financieros y el aumento de cartera vencida.

Monto de la cartera vencida

Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en diciembre de 1993 —un año después de la privatización bancaria— la cartera vencida de la banca ascendía a 32 mil 681 millones de pesos; en 1994 el monto se elevó a 56 mil 602 millones y para 1995 llegaba a 137 mil 321 millones de pesos. La Asociación Mexicana de Bancos (AMB) informó que el saldo de cartera vencida hasta marzo se ubicó en 103 mil millones de pesos. Datos preliminares del sistema interbancario reportados al Banco de México ubicaron la cartera vencida en 147 mil millones de pesos, incluyendo bancos intervenidos, mismos que representan poco más de 59% de dicha cifra. José Madariaga, presidente de la AMB, reconoció que el saldo al cierre de 1995 fue de 113 mil 500 millones de pesos, de una cartera total vigente de 642 mil millones de pesos, lo que significa un promedio de cartera vencida del 17%.

La banca mexicana inició desde el año pasado una reestructuración larga y dolorosa, la cual se calcula que puede costar 40 mil millones de dólares al erario a lo largo de un proceso que puede llevar ocho años. Se pusieron en marcha diversos programas de saneamiento para apoyar a los deudores e inducir capitalización a la banca. La base esencial del plan de rescate radicaba en que las finanzas públicas contaran con márgenes suficientes para absorber gradualmente los costos de dichos programas. En su mayoría esos costos se amortizarían a lo largo de varios años; es decir, el impacto sobre el fisco no se concentraría en su totalidad en el corto plazo.

En la primera etapa de saneamiento de la cartera bancaria, el gobierno federal firmó diversos acuerdos de reestructuración de adeudos en Unidades de Inversión (UDIs) tanto con la banca comercial como con la banca de desarrollo. Al denominarse los créditos en unidades de cuenta de valor real constante, las UDIs eliminan la amortización acelerada de los créditos causada por la inflación, aliviando la carga al servicio de la deuda.

Dentro del programa de reestructuración destacaron por su importancia los destinados a apoyar a las empresas, a los estados y municipios, a los deudores de créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, y a los destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero. El gobierno federal y la banca ampliaron los beneficios a los que reestructuraron su deuda en UDIs, y que están al corriente de sus pagos. El Programa de Apoyo a Deudores Hipotecarios consiste en que durante los próximos cinco años cualquier pago anticipado parcial o total que realice el cliente tendrá una bonificación de 10%.

Sus objetivos son:

• Reducir el importe de las mensualidades por un período prolongado, con el propósito de recuperar el poder adquisitivo de los deudores.

• Incentivar a quienes no han reestructurado su deuda a que formalicen su situación

• Incentivar la recuperación de la cartera vencida.

Para minimizar en el corto plazo el costo de las tasas de interés para las familias, así como para la pequeña y mediana empresa, en septiembre del año pasado se puso en marcha el Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (ADE). El acuerdo se ha enfocado a los acreditados en los rubros de tarjetas, consumo, empresas, sector agropecuario y vivienda.

Para ayudar a los bancos ante la crisis provocada por la devaluación y la abrupta alza de las tasas de interés, el gobierno creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), mecanismo mediante el cual se ha apoyado a muchas instituciones en forma directa y a otras a través del Programa de Capitalización Temporal (Procapte).

Fobaproa compró cartera de los bancos por medio de un pagaré capitalizable a un plazo de diez años, financiado por las mismas instituciones financieras y avalado por la federación. De acuerdo con datos de la CNBV, el gobierno adquirió cartera vencida por 38 mil 631 millones de pesos, por medio del Fobaproa Dicha acción permitió la reducción de la cartera vencida total del sistema bancario, al cierre de 1995, de 137 mil 321 millones a 98 mil 690 millones de pesos. Bajo este esquema los bancos continúan administrando la cartera adquirida por el Fondo, y los ingresos y los ingresos provenientes de la recuperación de cartera son transferidos al Fobaproa. El costo fiscal en este caso surge por el compromiso de absorber el 80% de la diferencia que en su caso hubiera entre el monto del pagaré y el valor de la cartera adquirida por Fobaproa al final de diez años.

El último programa que se instrumentó fue el de las carreteras concesionadas. El gobierno optó por extender los plazos de las concesiones al máximo legal posible y reestructurar el saldo de los créditos contratados con organismos internacionales.

En resumen, aunque el programa de estabilización está logrando su objetivo de reducir las tasas de inflación y de interés, sigue presente un elemento que representa una significativa barrera a una recuperación más rápida y sólida, y es el mismo que explica por qué la recesión fue tan profunda. Este elemento es la debilidad estructural del sistema bancario. Los diversos instrumentos y programas de apoyo al sistema bancario y a los deudores del mismo mencionados no han sido suficientes para resolver el problema, el cual ha seguido aumentando como porcentaje de cartera total, incluyendo créditos que fueron renegociados en el esquema del ADE.

Para soportar este conjunto de programas, el gobierno federal contó con un crédito a 15 años otorgado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 1.75 millones de dólares. El préstamo ha sido destinado para disminuir el costo generado por los apoyos otorgados por Fobaproa a las instituciones bancarias, amortizando anticipadamente parte de la línea de crédito que el Banco de México (Banxico) abrió para este efecto. Al formar parte de los créditos del BM y el BID de la deuda pública, debe restarse el monto de estos financiamientos de las contingencias asociadas al Fobaproa.

Hace cuatro años el gobierno recibió 13 mil 500 millones de dólares. Para enero de este año datos de Hacienda indicaban que la ayuda al sistema financiero había sido el año pasado de 85 mil 900 millones de pesos, equivalentes al 5.5% del PIB, más 4 mil millones de dólares de crédito del BM y el BID. Para este año, de acuerdo con documento enviado a la Cámara de Diputados como anexo al Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública de 1995, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el costo fiscal del programa de apoyo a bancos y deudores ha sido de 148 mil millones de pesos (véase cuadro abajo).

Precisamente, durante la reunión en Cancún de la Asamblea Mexicana de Bancos, en la que estuvo presente Guillermo Ortiz, Secretario de Hacienda, Summers participó con un discurso en el que dijo tanto al gobierno mexicano como a los banqueros las medidas con las que a su juicio debe resolverse el problema de la cartera vencida. Las directrices fueron las siguientes:

• Mantenimiento de un entorno macroeconómico muy sólido

• Disciplina fiscal

• Adecuada tasa de ahorro

• Dejar al país a las fuerzas del mercado

• Mantener vigente el TLC

• Acelerar la privatización

• Reformas continuas al sector financiero

• Dejar quebrar a los bancos que lo ameritan

• Modificar la Ley de Quiebras

• Gobierno moderno, efectivo, honesto y justo

• Garantizar la estabilidad social

• Bienestar para la población

• Reducir la inequidad social.

¿Racionalidad del mercado?

El gobierno apostó a que con los instrumentos y mecanismo adoptados, y la capitalización caso por caso, junto con el crecimiento de la economía, el problema de la cartera vencida se iría diluyendo paulatinamente. Dadas las condiciones actuales, esto no parece viable, y como la economía no crece significativamente por la propia situación bancaria, no se percibe una salida rápida al problema de crecimiento y de creación de empleos.

Los programas de apoyo sólo pospusieron las soluciones de fondo; el año pasado tuvieron la bondad de evitar la quiebra masiva del sistema bancario y resolvieron parcial y temporalmente un problema de flujo de caja de los deudores. Se ha traducido en una significativa contracción de la actividad económica, agravando aún más el problema de la cartera vencida. Parece que la situación bancaria mejorará en la medida en que se reactive la economía, ya que a pesar de los recursos aportados, el futuro de la banca radica en fusiones y adquisiciones extranjeras. Por lo pronto, Mercantil-Probursa fue adquirido por el Banco Bilbao-Vizcaya y el Banco Nueva Escocia, de Canadá, adquirió cerca de 50% del capital de Inverlat.

Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado "Fragilidad Financiera de América Latina" considera que las autoridades mexicanas deberían aprovechar la oportunidad para deshacerse de instituciones mal administradas que se han vuelto insolventes, y el programa de rescate sólo tiene éxito cuando el crédito que concede a los bancos el banco central está condicionado a una evaluación realista de las cartera, ya que en casos de crisis surge la "tendencia a otorgar nuevos créditos a los préstamos morosos sin controles adecuados, con la esperanza de que éstos utilizarán los nuevos fondos para salvar sus negocios".

Hasta el FMI y el Departamento del Tesoro norteamericano han hecho ver que no es sensato seguir apoyando a bancos que están quebrados y que no merecen seguir siendo recapitalizados una y otra vez, a través de recursos fiscales aplicados por el Fobaproa, que van a parar a un barril sin fondo. Se eliminan los subsidios a la tortilla, al transporte público, a la leche, a los servicios públicos, a todo el consumo, pero no a los bancos.

Cierto que sin una expansión del financiamiento bancario no es posible tener un proceso de crecimiento económico sostenido, razón en la cual puede justificarse el apoyo a la banca. Sin embargo, el único dinero que el gobierno ha logrado ahorrar de los créditos extranjeros y de la recaudación fiscal se ha aplicado al intento de salvar a los bancos en quiebra sin que efectivamente hayan podido financiar la economía, pues el poco crédito que se otorga es caro. De modo que resulta inaceptable que un pueblo empobrecido pague cada día más impuestos para rescatar a los banqueros, en tanto no hay dinero para la industria, el comercio, la agricultura, la educación y ninguna actividad productiva.

La mejoría no ha sido generalizada, sino incipiente y relativa entre sectores de empresas, y todavía está lejos de los niveles que se tenían antes de la crisis de diciembre de 1994. Hasta que se registren tasas anuales de crecimiento positivas en la mayoría de las industrias se podrá decir que finalizó la fase recesiva y que ha empezado la de recuperación.

Así como no puede decirse con seriedad que la recuperación se ha iniciado, tampoco es correcto suponer que la economía sigue deteriorándose al mismo ritmo o peor que en el año pasado. Si durante los próximos meses continúa el fortalecimiento de la reciente tendencia mostrada por los indicadores de producción, la ansiada recuperación podría ser una realidad plena en el segundo semestre del año.

Hay avances en el control a la inflación, pero los precios siguen elevándose. El comportamiento de los precios en los primeros meses y el descenso de las tasas de interés revelan que el manejo macroeconómico y, en particular, el de la política monetaria, empiezan a dar los resultados deseados por el gobierno. El PIB registra una caída de 1.0% en relación con el del mismo lapso del año pasado, cifra que supera las expectativas del sector público y privado. Se refleja un efecto real de recuperación económica gracias al desempeño vinculados con el mercado externo.

El alza de las tasas de interés de referencia, que ocurrió entre la tercera semana de febrero y la segunda de marzo, obedeció al deterioro de las expectativas por la percepción de que sería inevitable el alza de precios de algunos productos básicos clave (tortilla y leche), luego que se decidió un incremento del salario mínimo en abril, superior al 10% acordado desde octubre de 1995.

El piso para las tasas de interés será durante algún tiempo entre 34 y 36%. Las tasas de interés son la variable de ajuste casi única de la política económica y, como tal, sobre ellas recaen los impactos de todo tipo de acomodamientos que se presenten en los mercados financieros. El rompimiento hacia la baja de ese piso se logrará sólo en la medida que se materialicen avances más significativos en el combate a la inflación.

Si bien el fenómeno inflacionario está lejos de haber sido controlado, los datos del primer semestre de 1996 exhiben una importante mejoría en diversos aspectos. La inflación anual, es decir la que resulta de comparar el nivel de precios de un mes a otro respecto al mismo del año previo, en el tercer mes del año fue de 43.8%, 8.2 puntos porcentuales menos que la máxima alcanzada en diciembre pasado (52%).

A este respecto, es importante señalar que algunos indicadores del sector real también han seguido mostrando una mejoría relativa, sobre todo al compararlos con las circunstancias que prevalecían a mediados del año pasado, cuando la economía resintió los efectos más pronunciados de la recesión.