La expresión derechos de los muertos sería incorrecta si con ella quisiéramos decir que los cadáveres tienen derechos, pues sólo las personas son sujetos de ellos; pero puede ser valida si el sentido es que las personas conservan derechos después de su muerte. Coloquialmente, suele decírsele muerto al cadáver, lo cual es incorrecto, porque el primero es una persona que ha fallecido y el segundo es únicamente su cuerpo inanimado.(2) Por lo tanto, es más preciso decir derechos post mortem de la persona fallecida. Si decimos únicamente derechos post mortem puede también entenderse que se incluyen los derechos de los deudos, del Estado o de la sociedad en su conjunto o de una parte de ella. Por ejemplo, el dominio público de los derechos de autor.

Si reconocemos la voluntad manifiesta de una persona para el destino de sus propiedades con posterioridad a su fallecimiento, desde una línea de pensamiento y convicción humanista podemos ampliar el criterio para reconocer que el cadáver y la honra son elementos de la persona que permanecen después de su muerte sobre los cuales mantiene derechos perdurables: el cadáver, por ser los restos inanimados de su cuerpo; y la honra, por ser el respeto que merece su dignidad perenne. Por lo tanto, podemos listar los derechos post mortem de la persona en los siguientes:

Deberes a las personas fallecidas

Sobre el derecho al tratamiento decoroso del cadáver y los restos

El decoro es el conjunto de significantes inculturados en una sociedad por los cuales se hace merecer o inspirar respeto y estimación por algo o alguien. Por oposición, lo indecoroso es un conjunto de significantes de lo humillante o vergonzoso. En cada sociedad estos significantes pueden variar, por lo que lo decoroso y lo indecoroso puede ser relativo, pero siempre en cada sociedad se pueden reconocer. Verbigracia, en nuestra sociedad el aplauso es una manera de manifestar agrado, acuerdo, admiración o respeto por alguien o por algo; y escupir intencionadamente a alguien, especialmente en el rostro, aunque no implique una amenaza a su salud, es reconocido como un insulto y como una humillación para el escupido cuando no puede defenderse de la agresión. Con esta definición podemos decir que toda persona tiene derecho a un tratamiento decoroso de su cadáver y restos, así como de su honra.

Con ligereza o con razonamientos, cada uno puede, eventualmente, decir que una vez fallecido da igual el destino de sus restos, puesto que ya no hay sufrimiento ni conciencia en un cuerpo inanimado. Esto es cierto, pero también lo es que la renuncia individual al derecho en comento en ningún caso debe atentar contra la moral pública ni la salud pública. Por tanto, una cultura de los derechos humanos implica el respeto a los restos humanos. Así como se demanda el respeto a las expresiones artísticas o a las tradiciones, también cabe demandar el respeto a los cadáveres, órganos, osamentas y cualquier otro resto humano como una forma de que en la sociedad prevalezca el respeto por todas las personas.

Sobre el derecho al respeto a la honra

Además de garantizar legalmente con pena al culpable, que a la persona fallecida no se le falte a su honorabilidad, el Estado tiene que asegurar que las imágenes y los nombres de los difuntos no se exhiban públicamente de un modo denigrante o que ofenda a sus deudos, como fotografías o videos de nota roja que muestran crudamente mutilaciones o señales de violencia. Los derechos a la libertad de expresión y de prensa no están por encima del derecho al respeto a la honra, por lo que en ningún caso las imágenes podrán mostrarse como objeto de morbo, para espectáculo sensacionalista o motivo de repudio o repugnancia. Sólo podrán ser usadas discrecionalmente para coadyuvar a las indagaciones o descargo de pruebas en caso de la comisión de un delito. El Estado tiene derecho a exigir que en los productos comunicativos puestos a disposición pública se cubran los rostros de las personas muertas y a que se omita su nombre cuando pueda lesionarse su honra.

Una de las pocas referencias a los derechos post mortem en los mecanismos internacionales, aunque no expresados con este término, se halla en el artículo 120 del Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (1949), en el cual se refieren las obligaciones de la Potencia detenedora (el Estado que mantiene el cautiverio) respecto a los prisioneros de guerra fallecidos. De éste largo artículo se desprende el reconocimiento de las siguientes obligaciones:

De acuerdo con el derecho a la personalidad jurídica:

1. La transmisión de testamento sin dilación al país de origen del fallecido.

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): del derecho del reconocimiento de su personalidad jurídica (Art. 6) se desprende que todo cadáver debe ser inhumado o cremado y guardar un registro descriptivo de sus señas particulares ante la falta de evidencias de su nombre, así como de la fecha de su inhumación o cremación y del lugar donde quedaron sus restos. En caso de que posteriormente sus restos sean cambiados de lugar, debe también registrarse.

Del reconocimiento al derecho a la libertad religiosa, en específico para realizar ceremonias (Art. 18), se deriva su vigencia con posterioridad al fallecimiento de la persona. También se reconoce en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión y las Convicciones (1982, Art. 6, inciso h).

De lo expuesto hasta ahora, podemos delimitar y precisar algunos de los deberes concretos del Estado respecto a los derechos post mortem de la persona fallecida.

Sobre los servicios religiosos: al Estado, por el principio de laicidad establecido para promover el derecho a la libertad religiosa, le corresponde brindar todas las facilidades para que los deudos, las asociaciones religiosas y los ministros de culto puedan dar cumplimiento al mismo.

Sobre la seguridad social: como parte del deber del Estado a garantizar el derecho a la seguridad social de todos los habitantes de su territorio en calidad de personas, éste debe proveer de suficientes salas de velación, hornos crematorios, criptas y cementerios civiles ofrecidos de manera gratuita o por un pago subsidiario, de modo que nadie por falta de dinero quede privado de servicios funerarios. El derecho también asiste a los deudos, quienes a la pena de la pérdida de su difunto no debe añadirse una pérdida en su economía familiar que sea un sacrificio a sus necesidades básicas.

Sobre el traslado del cadáver o los restos: por prioridad en el gasto público para la atención de los derechos fundamentales, el Estado no tiene obligación de garantizar el traslado de sus nacionales a su territorio cuando el fallecimiento ocurre fuera de sus fronteras, pero sí lo deberá ofrecerlo como un servicio cuando tiene facilidades para ello. En el territorio nacional, el Estado también lo dispondrá como un servicio. Adicionalmente, el Estado podrá promover las formas de solidaridad que puedan contribuir para la consecución de este fin.

- Establece como un servicio público la operación de los cementerios, lo cual incluye la inhumación, exhumación, reinhumación y cremación de cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos o cremados (Art. 1o.)

- Establece un principio de no discriminación al no autorizar la creación o funcionamiento de cementerios que pretendan dar trato de exclusividad por motivos de raza, nacionalidad o ideología (Art. 3o.)

- Ordena el registro en un libro que al efecto se autorice de las inhumaciones, exhumaciones, reinhumaciones y demás servicios que se presten, el cual podrá ser requerido en cualquier momento por el jurídico o la autoridad sanitaria del Gobierno del Distrito Federal (Art. 34)

- Asegura que en ningún caso se impedirá al público el ingreso al cementerio dentro de los horarios autorizados (Art. 38). Cuando por causa de utilidad pública la tumba sea afectada total o parcialmente, deberá reponerse o trasladarse por cuenta y gasto de la autoridad (Arts. 39 y 40).

- Determina que la inhumación o incineración sólo podrá realizarse con la autorización del encargado o juez del Registro Civil, quien deberá asegurarse del fallecimiento y sus causas, exigiendo para ello la presentación del certificado de defunción (Art. 42).

- Permite, contrariamente al derecho a heredar, que a discreción de la autoridad sanitaria los restos áridos exhumados (con posterioridad al vencimiento de la concesión de uso temporal de una tumba) puedan ser destinados a las osteotecas de instituciones educativas (Art. 51).

- Conceden una "titularidad del derecho de uso" de siete años como mínimo que es prorrogable a dos periodos iguales más, previo pago de derecho, al término de los cuales vuelve al domino del gobierno (Arts. 59 a 62). Uno de los problemas más importantes es que actualmente no hay perpetuidad para las tumbas, pero argumentos como la falta de espacio o el "exceso" de habitantes y difuntos no pueden estar por encima de los derechos de la persona.

- Obliga a los titulares de los derechos de uso en los cementerios oficiales a la conservación y al cuidado de las obras de jardinería y arbolado correspondiente. Establece que cuando la construcción amenazare ruina será requerido por la administración del cementerio para realizar las reparaciones o demolición, y, en caso de no presentarse, solicitará la autorización para proceder a la demolición de la construcción (Art. 71). Esta obligación se amplia a que cuando haya un abandono por un periodo de diez años contados a partir de la fecha de la última inhumación, la autoridad podrá hacer uso cuando el titular del derecho no responda a la notificación que se le haga.

Estos datos sobre el Distrito Federal nos permiten reflexionar sobre la cantidad de personas que cotidianamente se enfrentan a que sus derechos post mortem y los de sus deudos sean atendidos. Se trata de un asunto que no es menor.