La rendición de cuentas en la educación superior

El tema de rendición de cuentas busca la claridad necesaria para que la ciudadanía quede suficientemente informada del ejercicio de la acción del Estado.

La transformación social de este país nos ha hecho partícipes de nuevas formas de construir los asuntos públicos, en diversos espacios, se cuestiona la pertinencia de ciertas acciones de gobierno, se pone en duda su viabilidad y surgen propuestas y alternativas desde la sociedad, de las organizaciones y por supuesto, desde los mismos actores involucrados.

Por otra parte, la dinámica de la globalización nos impone como requisito para incorporarnos en el desarrollo la elevación de la calidad educativa, la apertura de nuevas formas y criterios para la escolarización y la enseñanza que permitan la educación continua a lo largo de toda la vida, así como el fomento de la creatividad y los talentos individuales y colectivos.

Con estas premisas, la educación superior no es un lujo ni una opción subjetiva, sino una necesidad imperiosa en la que el Estado tiene que ampliar su compromiso con la sociedad, diseñar las estrategias necesarias y fortalecer sus políticas públicas para hacer de la educación superior una plataforma de seguridad en el derrotero de los mexicanos hacia el futuro.

Por ello, las políticas públicas de la presente administración, deberán necesariamente dirigirse a lograr más y mejor educación, la cual deberá desarrollarse con criterios de calidad, equidad y pertinencia, establecidos en la ley.

Derivado de la cantidad de recursos adicionales que se invertirán por este compromiso, deberemos ser corresponsables y proactivos en la participación social en la rendición de cuentas. Recordemos que en el financiamiento de la educación pública contribuimos todos.

A la Cámara de Diputados, por su naturaleza representativa y por mandato constitucional, le corresponde el deber de vigilar el ejercicio del presupuesto de la Federación y de informar a la ciudadanía, de manera clara, oportuna y suficiente.

De acuerdo con lo anterior, es corresponsabilidad de la sociedad y de sus representantes electos exigir las políticas públicas necesarias para hacer más transparente el ejercicio de esos recursos.

Actualmente existe una Ley de Coordinación para la Educación Superior que data de 1978, la cual tiene por objeto establecer las bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la Federación, los estados y los municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior", según su artículo primero.

Esta Ley expresa criterios para la asignación de los recursos para las instituciones de educación superior públicas, pero no entra al detalle en aspectos técnicos específicos que puedan traducirse en fórmulas operativas para el establecimiento de montos presupuestales particulares. En esta Ley tampoco hay referencia alguna a la rendición de cuentas de parte de las instituciones de educación superior que reciben fondos del erario público.

Hay también propuestas referentes a la necesidad de realizar una Ley de Educación Superior en las que se definan criterios y procedimientos para la asignación presupuestal y para el ejercicio de sus recursos, así como para modificar la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional.

Estos temas no están todavía resueltos. El trabajo legislativo requiere un amplio proceso de estudio y de consulta; de concertación y diálogo; así como de responsabilidad y sensatez, para alcanzar los acuerdos políticos que den una respuesta fundamentada y coherente a cada uno de ellos, pero los pasos se están dando.

En diciembre pasado se aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre, y establece que son sujetas de rendir informes todos aquellos entes públicos que hayan recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, motivo por el cual la rendición de cuentas para las universidades que reciben apoyo presupuestal de la federación está ya expresa en la Ley.

Sin embargo, debemos generar los esquemas que, sin menoscabo de la autonomía de las universidades públicas, ofrezcan el suficiente conocimiento de la aplicación de los recursos en este nivel educativo. Ahora es necesario establecer las disposiciones de los estatutos que rigen a las universidades públicas en el país para que cumplan con lo que la citada ley dispone, ejercicio necesario si el fin es transparentar las actuaciones de las administraciones universitarias y que la sociedad en su conjunto reconozca esta labor.

Las universidades autónomas siempre han rendido cuentas. Las leyes orgánicas de estas instituciones hacen referencia al respecto. Cada año los rectores presentan un informe a su comunidad y ellas mismas han establecido los órganos de gobierno para la revisión de sus recursos y de auditoría interna y externa de sus ejercicios presupuestales. De lo que ahora estamos hablando con rendición de cuentas, es que éstas sean puedan ser requeridas por la Cámara de Diputados a través del órgano de fiscalización superior de la federación, en los términos que establece esta nueva Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Del artículo tercero constitucional, de la Ley General de Educación y de ninguna otra disposición legal puede inferirse que las universidades autónomas no deben rendir cuentas o que no puedan ser sujetos de fiscalización. Esto sería en términos legales. Pero en cuestión de principios democráticos, republicanos e incluso educativos, considero que las disposiciones que tienen como propósito contribuir a cumplir con el derecho a la información que como mexicanos tenemos, debe ser bienvenida.

Estoy seguro de que todos queremos que el Presupuesto de Egresos de la Federación se ejerza de manera eficaz y transparente, y que las universidades son las primeras en querer informar de manera amplia, clara, suficiente y pertinente sobre el manejo de los recursos que recibe de la federación. Si todos estamos de acuerdo con estos principios y la ley así lo permite, ¿qué argumento valdría para que no fuese así?

Las propias instituciones de educación superior, representadas en la Asociación Nacional de Instituciones de Educación de Educación Superior (ANUIES), se han acercado a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que de manera conjunta convengan en los mecanismos y procedimientos para la rendición de sus cuentas.

Destaco, por ejemplo, la visita a la Cámara de Diputados del Dr. Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien tuvo la iniciativa de presentar un informe de su ejercicio presupuestal. Hechos como este contribuyen a fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones educativas públicas.

Creo que es el camino correcto. Pues se trata de concertar acciones que faciliten el conocimiento público del ejercicio presupuestal de las instituciones de educación superior públicas de acuerdo con un criterio de transparencia. Me parece que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo.

La propia ANUIES, en su documento titulado La Educación Superior en el Siglo XXI, apunta que en el marco jurídico que requerimos para el desarrollo futuro de la educación superior, deberá destacar, al menos, cinco componentes estructurales básicos, entre ellos, el principio de rendición de cuentas a la sociedad de sus acciones y resultados.

Por lo anterior, considero que en una sociedad de la información y ante la posibilidad técnica de comunicar de manera eficiente los recursos que administran los entes públicos, es necesario que las autoridades de las instituciones de educación superior propongan procedimientos que den mayor transparencia a sus acciones, ofreciendo así respuestas de ética social y credibilidad dignas de sus encargos.