La verdadera historia de la ciudadanía de las mujeres

E. Uranga, P. Galeana, S. González y E. Tuñón (2003). La verdadera historia de la ciudadanía de las mujeres. A 50 años del reconocimiento del derecho a votar. México, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura; Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y Federación Mexicana de Universitarias, A. C.

En México, hasta hace pocos años, la historia de las mujeres estuvo en el olvido. Con esta idea y con el propósito de narrarla fidedignamente, el 11 de marzo de 2003 se llevó a cabo la Mesa Redonda “La verdadera historia de la ciudadanía de las mujeres”, en el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el marco del quincuagésimo aniversario de la publicación del decreto que reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las mujeres pudieran votar y ser electas.

La memoria de esa mesa redonda, presentada por Enoé Uranga, incluye las ponencias “La mujer y la democracia en México, a medio siglo de obtener la ciudadanía”, de Patricia Galeana; “El cardenismo y el derecho al voto de las mujeres”, de Silvia González Marín, y “Por la recta final hacia la obtención de los derechos políticos de las mujeres. 1940-1953”, de Enriqueta Tuñón Pablos. Los textos, en conjunto, manifiestan que el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres es el fruto de la lucha de muchas de ellas desde los primeros años del México independiente.

Dice Enoé Uranga, diputada en la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la cual fue presidenta de la Comisión de Equidad y Género: “hicimos la revolución a pie, fuimos las eternas luchadoras invisibles y, al final, nos quedamos sin derechos.” De este modo manifiesta que las mujeres han participado en los movimientos sociales que han hecho posible el México moderno, pero se les ha marginado una y otra vez. La lucha de las mujeres no ha sido fácil, debido al autoritarismo patriarcal y sexista que les ha negado sus derechos políticos, de modo que el voto de la mujer no fue una concesión generosa de los legisladores de entonces. Por el contrario, afirma: “nada nos ha sido regalado y el país no se deshizo con nuestra presencia en la vida política nacional.”

Uranga propone que los partidos políticos cumplan con una cuota de género para las candidaturas a puestos de elección popular; dice que, al margen del proyecto de nación del Estado mexicano, las mujeres han tenido que llevar a cabo una ardua lucha política para alcanzar posiciones que les permitan participar en la toma de decisiones, pues “ninguna de las ideologías, llámense liberalismo o socialismo, enarboladas como ejes rectores para la construcción del país que hoy vivimos, fueron, en su momento, suficientes para considerar nuestra existencia y reclamar visibilidad de nuestro género”.

Por su parte, Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, A.C. (Femu), expone que las mujeres han debido luchar para deconstruir la cultura patriarcal discriminatoria contra ellas. Primero lucharon por sus derechos laborales, después por el acceso a la educación y luego por sus derechos políticos, gesta que viene desde los primeros años del México independiente, cuando un grupo de zacatecanas solicitó al Congreso constituyente de 1924 que se les reconociera como ciudadanas, hasta la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en 1996, para que “los partidos consideren en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan del 70 por ciento para un mismo género”.

El liberalismo juarista abrió paso a la tolerancia y a la educación de las mujeres. A fines del siglo XIX, los primeros movimientos feministas defendían los avances que las sufragistas iban logrando en otras partes del mundo. A principios del siglo xx, las mujeres empezaron a organizarse en los clubes políticos contra la dictadura y por la obtención del sufragio. Participaron en la huelga de Río Blanco. Su lucha por el reconocimiento de sus derechos laborales se había expresado desde tiempo antes con las saraperas de Puebla y las cigarreras de la Ciudad de México. Al momento de triunfar la revolución maderista reclamaron su derecho a votar, pero no se tomó en cuenta su demanda. Solamente en Yucatán, primero con Salvador Alvarado y luego con Felipe Carrillo Puerto como gobernadores, se promovieron cambios a favor de la mujer, bajo el influjo del movimiento revolucionario.

En el primer tercio del siglo pasado, el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres representaba a 800 agrupaciones femeninas de todo el país con cincuenta mil militantes que tenían como objetivo conquistar el derecho a votar y a ser electas, para lo cual era necesaria una reforma constitucional. Pero fue hasta 1947, durante el periodo presidencial de Miguel Alemán, cuando se decretó una adición al artículo 115 constitucional para concederles este derecho, pero exclusivamente en elecciones municipales.

El 17 de octubre de 1953, un año después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó, a los países que no lo habían hecho, el reconocimiento de los derechos políticos de la población femenina, éstos fueron incorporados a la Constitución, después de que trece países latinoamericanos ya lo habían hecho. Sin embargo, la población femenina sigue subrepresentada. Por ejemplo, de 500 asientos en la Cámara de Diputados, sólo hubo 87 diputadas en la LVIII Legislatura.

Por su parte, la doctora Silvia González Marín considera que ha habido dos momentos trascendentales en la lucha por el reconocimiento de los derechos ciudadanos de las mujeres, uno en diciembre de 1937, cuando el presidente Lázaro Cárdenas, en respuesta a las demandas de grupos feministas, envió al Legislativo una iniciativa de reforma a la Constitución para que las mujeres pudieran votar y ser electas, la cual, aunque fue aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos de los estados, no se decretó. El segundo fue en diciembre de 1952, cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines presentó una nueva iniciativa de reforma a la Constitución con el mismo propósito, que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la fecha mencionada.

En el primer caso, debido al clima político causado por la expropiación petrolera en 1938, el presidente Cárdenas decidió no publicar el decreto, el cual, por cierto, hubiera otorgado los derechos ciudadanos a las mujeres a partir de los 18 años si estuviesen casadas, y a los 21 si fuesen solteras. A esto se añadía que ante la proximidad de la siguiente elección presidencial y la presión que en ese momento ejercía la derecha, el voto femenino pudiera a favorecer al candidato de la oposición.

En el segundo caso, cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines presentó al Congreso la iniciativa que otorgaba el voto a las mujeres, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) se opusieron con el argumento de que la reforma ya había sido aprobada en 1937 y que en 1946 hubo una adición al artículo 115 constitucional. Por su parte, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmaban que se trataba de una nueva legislatura y que era necesario reformar el artículo 115. Los panistas votaron en contra en lo general y a favor en lo particular. Los diputados del Partido Popular Socialista (PPS) propusieron otorgar la ciudadanía a hombres y a mujeres a los 18 años, lo cual no se aprobó.

En su exposición, la doctora Enriqueta Tuñón Pablos, sin dejar de reconocer el mérito de la lucha feminista en el logro de los avances en cuanto a los derechos de las mujeres, parte de la idea de que el sufragio de las mujeres fue una concesión del presidente de la República. Explica que las feministas buscaron el respaldo del titular del ejecutivo a partir de 1940, en lugar de consolidar su fuerza en las bases y de reforzar la movilización social.

Amalia Castillo Ledón, fundadora de la Alianza de Mujeres de México (AMM), tuvo la capacidad de unir a los grupos feministas dispersos y ganar el apoyo tanto del presidente Miguel Alemán como del candidato a sucederlo, Adolfo Ruiz Cortines, a quien le entregó las firmas de las militantes que solicitaban una reforma constitucional que les diera derechos políticos.

En esta coyuntura coincidió la demanda del movimiento feminista con los intereses del régimen. “En realidad —considera Tuñón—, de acuerdo con las fuentes consultadas, se puede suponer que al gobierno le interesaba otorgar el derecho del voto a las mujeres”.

Con el decreto de reforma a la Constitución se estableció una relación clientelar de las mujeres con el régimen. Éstas “se mantenían bajo el control político e ideológico del partido oficial” y, a la vez, contribuían “a crear la imagen progresista” que el régimen quería. Se trató de un acuerdo corporativo en el que se les concedió el voto a las mujeres hasta que se tuvo la seguridad de que se habían integrado a la estructura del partido y de que iban a ejercer su derecho a favor de éste. Fue así que, en 1954, en un contexto en el que muchas mujeres no estaban de acuerdo con votar, de los 3.5 millones de afiliados al PRI, un poco más de la tercera parte eran del género femenino.

Por último, con información del folleto, el siguiente cuadro muestra los nombres de las primeras mujeres que ocuparon cargos públicos y el año correspondiente.